Por los subsidios a la energía, al transporte metropolitano bonaerense y a los alimentos, el Gobierno debería desembolsar este año unos 35.000 millones de pesos (más de US$ 10.000 millones). La cifra impresiona, pero más significativo es el ritmo al que viene aumentando.

Se trata de un gasto que está creciendo a una velocidad impresionante. Los US$ 10.000 millones equivalen en 2008 al 3,5% del PBI. En 2006, la partida era del 1,8%, y en 2007, del 2,3% del PBI. Así, en dos años, los subsidios a sectores económicos se duplicaron en términos reales.

Mantener esta factura, que es creciente, además, por el incremento del costo de la energía y los alimentos, depende de que los ingresos públicos sigan creciendo, porque al menor atisbo de flojedad recaudatoria –por una desaceleración económica o baja de los precios internacionales–, el Gobierno se vería forzado a reducir o eliminar gran parte de estas partidas. Y eso implicaría aumentar los precios o las tarifas de esos sectores y bienes, con su consiguiente impacto inflacionario directo sobre los costos y sobre el ingreso real de los usuarios o consumidores.

La consecuencia sería un mayor rebrote inflacionario directo, una pérdida de poder adquisitivo de la población y una reapertura acrecentada de la llamada "puja distributiva". También tendría una fuerte incidencia sobre la deuda pública que se ajusta por el CER (inflación pasada) ya que por cada punto de inflación, el endeudamiento público aumenta en casi 2.000 millones de pesos.

Gastos por ascensor

Según los últimos datos oficiales, entre enero y mayo, mientras en promedio el gasto primario (antes del pago de intereses) creció un 36,1%, los subsidios al sector privado treparon el 66,7%. En 5 meses ya se lleva gastado por estas transferencias todo lo que insumió durante 2007. Y si se considera lo gastado en los últimos 12 meses, las partidas superan ya los $30.000 millones. De ahí que los $35.000 millones estimados suenan como un cálculo más bien conservador.

La velocidad de la suba de este gasto llevó al Gobierno a reformular el Presupuesto en los primeros días de julio en $2.510 millones para incrementar las autorizaciones para algunos programas, principalmente los vinculados a los subsidios energéticos y al transporte, ya que estaban holgadamente superados con relación al crédito vigente.

En 5 meses, la ejecución del crédito presupuestario e n energía eléctrica, transporte aerocomercial y automotor ya había insumido entre el 59% y el 67% de la partida anual aprobada.

El año pasado, según el Ministerio de Economia, en esos subsidios se gastaron $14.626 millones. Pero la consultora Ecolatina calculó que la factura completa fue de $18.612 millones. La diferencia se debe a que Economía no computaría el subsidio al gas oil, las transferencias vinculadas a SITRANS (Sistema Integrado de Transporte Terrestre) y los préstamos reintegrables a CAMMESA, Yacyretá y Enarsa.

Como puede apreciarse, en su mayoría, los subsidios se destinan a contener los precios de la energía ($9.230 millones en 2007) y del sistema de transporte ($6.700 millones). Desde el año pasado se agregaron las compensaciones al sector agroalimentario que en 2007 recibió una partida reducida ($1.181 millones), pero este año tendrá un mayor peso por las nuevas compensaciones aprobadas.

De los datos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) al 17 de julio surge que desde el 1° de marzo de 2007 al 31 de marzo de 2008 se pagaron compensaciones por $1.547 millones. Y desde el 1° de abril de 2008, otros $695,3 millones. De aquí se desprende que en menos de 7 meses

de este año, estas compensaciones ya equivalen a todo lo "compensado" el año pasado.
Semejante masa de subsidios distorsiona los precios relativos y, al abaratar ciertos bienes o servicios, determina que haya un incremento de la demanda, que en la mayoría de los casos no es acompañada de la oferta.

Según Ricardo Delgado, de la consultora Ecolatina, "el esquema de subsidios presenta al menos tres problemas: acumulación de distorsiones de precios, elevado costo fiscal y problemas de incentivos porque estimula la demanda y castiga a la inversión".

Y agrega: "Inicialmente, estas compensaciones no fueron tan abultadas, ya que las distorsiones de precios sectoriales no eran significativas y había excedentes de gas natural, principal insumo en la matriz energética argentina.

Sin embargo, las distorsiones se acumularon a m edida que subían los precios internacionales y la escasez interna de gas –por la falta de inversiones– comenzaba a ser más notoria".

A su vez, "el reemplazo de gas natural por gasoil, especialmente en generación eléctrica, implica, a su vez, mayores subsidios por la importación de este producto ya que la capacidad de refinación está al límite. Mantener este esquema tanto tiempo ya presenta una implicancia adicional. En sus comienzos, los subsidios se limitaban a paliar el déficit operativo de las empresas, pero ahora son indispensables para el funcionamiento de las mismas. Los fondos públicos tienen un peso decisivo en el cash flow de las empresas subsidiadas".

Además, al no estar alcanzadas por los subsidios, las tarifas residenciales de los servicios públicos del interior duplican a las de la Capital y GBA, generando una distorsión interregional.

Hasta ahora todo esto se fue financiando con el alza de la recaudación, que se potenció con la suba de los precios internacionales de las exportaciones. Ahora se presenta un nuevo factor porque la desaceleración de los ingresos impositivos fue obligando al Gobierno a frenar el gasto en capital, en especial los giros a las provincias. Y la reciente votación en el Congreso con relación a las retenciones móviles le puso un límite a los mayores ingresos fiscales por la vía de los derechos de exportación. Ni qué decir si los actuales precios internacionales sufren algún retroceso.

En función del cambio en el escenario político y económico tras el fracaso en que el Congreso ratifique las retenciones móviles, queda el interrogante de si el Gobierno persistirá con esas transferencias o comenzará a desmantelar esta madeja de subsidios incrementando las tarifas y precios de los sectores beneficiados.